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El despojo y la represión como escenario para la lucha anticapitalista (coyuntura política del 2007, segunda parte)

Marcelo Sandoval Vargas
Rocío Salcido Serrano
Rafael Sandoval Álvarez
Diciembre del 2007

7. Despojo y terrorismo como política de Estado

Desde el primer año de gobierno de Felipe Calderón resultó evidente la continuidad en las acciones que configuran la política de terrorismo de Estado que venían aplicándose desde el sexenio de Salinas de Gortari, que por cierto, ha sido operada por la clase política desde los distintos niveles del sistema político. Ejemplos de ello son los cambios en los códigos penales avalados por todos los partidos políticos, la represión a todo forma de disidencia política que practicaron gobernadores y presidentes municipales; la exculpación, por parte de magistrados y jueces, de gobernantes, funcionarios públicos y empresarios que cometen todo tipo de crímenes, la actuación de los militares en la guerra de contrainsurgencia contra los pueblos y comunidades indígenas. Estas son sólo algunas referencias de lo que un gobierno autoritario y represivo es capaz de realizar, además de ser el operado de una nueva estrategia de colonización y explotación de territorios y comunidades, en pleno siglo XXI.

Por otro lado, el terrorismo de Estado, aunado a la insatisfacción popular ante la cerrazón de la clase política y los dueños del dinero, aparte de la miseria de millones de mexicanos, hace recordar el ambiente que prevalecía en los primeros años de los siglo XIX y XX, todas ellas situaciones que provocaron revoluciones. De igual forma se activa la memoria sobre cómo hemos padecido el terrorismo como estrategia para garantizar el despojo y la explotación que los sujetos del poder han impuesto desde entonces.

En el año del 2007 la política de despojo, represión, desprecio y explotación se ha consolidado. Ante el aumento de resistencias que han dicho ¡Ya Basta!, los grupos de poder político y económico, incluyendo sus socios en el hampa organizada, están optando por fragmentar y dividir-se el territorio nacional diseñando un sistema de control estatal por regiones y zonas metropolitanas que, en las próximas elecciones, se podrá observar como una reconfiguración de tales grupos en la delimitación de sus territorios de influencia.

Parte de esa estrategia es el uso de la fuerza, a la que el Estado ha recurrido, para despojar a los pueblos de sus territorios, del agua, los bosques y la biodiversidad, con la falacia del ‘progreso’ en su fase ecoturística; siendo el control militar y policiaco, operado como política de tolerancia cero (expresión de la Guerra de Baja Intensidad), que consideran les dará como resultado continuar acumulando capital y mantenerse en el poder estatal.

En este contexto, la guerra y la violencia son una forma de hacer política que se puede generalizar ante la desesperanza provocada por tanta represión y terrorismo del Estado. Precisamente por ello, resulta importante señalar que cuando se opta por una política donde el fin justifica los medios, se cae en el dominio y la lógica de las relaciones sociales capitalistas que siempre son de dominación, ya que significa recurrir a la misma forma de hacer política: la violencia y las armas contra los otros; esto no significa que la opción de la autodefensa a la que recurren pueblos y comunidades sea ilegítima.

Con todo, consideramos que el gobierno federal asume esa política terrorista porque le teme a otras formas de hacer política, particularmente aquellas que no sean violentas ni armadas y que surgen de la organización autónoma y los procesos de emancipación generados en miles de espacios que están fuera de su alcance, pues su tiempo y calendario es otro, no el de lo político en sí mismo, sino el de la reproducción de la vida.

Así es como podemos explicarnos que la política de guerra de baja intensidad tenga una mayor fuerza en territorios indígenas, especialmente en los zapatistas (por eso, el potencial de La Otra Campaña que el EZLN venía realizando por todo el país, se obstruye y desarticula). Una muestra de esto la presentaron un conjunto de organizaciones y personas adherentes a la iniciativa de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, pertenecientes a diversas regiones del país, pues fueron testigos de lo que está sucediendo en Chiapas. Como resultado de esta investigación y documentación señalan que:

1. En distintos municipios autónomos del territorio indígena chiapaneco las comunidades Bases de Apoyo Zapatistas se están enfrentando a una estrategia coordinada de despojo de tierras y hostigamiento, donde participan instancias de los tres niveles de gobierno y, en ocasiones, vinculadas con grupos paramilitares. En los casos documentados la estrategia sigue un patrón que combina invasión de tierras, amenazas de muerte, hostigamientos y agresiones físicas, sicológicas, así como destrucción de propiedad y recursos naturales, además del despojo jurídico de tierras donde las organizaciones invasoras actúan conjuntamente con instituciones judiciales y agrarias locales y federales.
2. Los gobiernos federal, estatal y municipal, a través de las instituciones agrarias y en relación con el Ejército Federal y la Seguridad Pública, operan una estrategia de contrainsurgencia dirigida tanto a las Bases de Apoyo Zapatistas como a sus autoridades autónomas, otorgando títulos agrarios a organizaciones indígenas, particularmente adversas a los zapatistas y en diversos casos armadas, estas organizaciones ocupan tierras recuperadas por el EZLN en 1994, pero el despojo se concreta jurídicamente constituyendo nuevos ejidos. Entre estas organizaciones se encuentran la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) o la Unión Regional Campesino Indígena (URCI), o bien, involucrando a organizaciones con frágiles relaciones con los pueblos autónomos zapatistas como la Asociación ARIC-Unión de Uniones (Histórica), la ORCAO, la Unión de Ejidos de la Selva y la OPAZ.
3. Debido a la constante presión de unidades militares, policías estatales y grupos paramilitares, la situación de los pueblos zapatistas se agrava alarmantemente, perturbando el desarrollo de los proyectos autónomos. Los más afectados son los niños y las niñas, las mujeres y los ancianos, pues viven agresiones constantes en su integridad física, en sus bienes, en su tierra y territorio.

 Los colectivos y personas que pudieron observar estos acontecimientos advierten que desde hace más de una década, estos poblados padecen la ocupación militar de su territorio, que actualmente registra la presencia de 56 campamentos permanentes del Ejército Federal, sólo en territorio indígena.

Hay suficientes acontecimientos que muestran la continuidad de la política de guerra de baja intensidad y terrorismo de Estado, así como de la perversión moral y política de algunos miembros destacados de la clase dominante, pero en conjunto han generado un ambiente de tensión y peligro que nos impide percibir la capacidad real de la Sociedad del poder para implementar formas de represión y violencia generalizada.

Casos como el mencionado antes podríamos acumular más, demasiados, pero de ello la conclusión que extrajéramos sería la misma, se trata de la cotidiana violación policíaca de los derechos individuales y colectivos de los mexicanos. Pues esta violación a los derechos de habitantes de las ciudades se ha vuelto una costumbre de los aparatos policíacos, además de un gran negocio, así jóvenes y trabajadores son detenidos por la policía y extorsionados. Pero esto también es parte de la estrategia de privatización de los espacios públicos de las ciudades, al expulsar a los jóvenes de ellas e implantar retenes permanentes que obstruyen la libre circulación de los trabajadores.

La policía viola el derecho de libre circulación, libertad de reunión y asociación de las personas que circulan o se reúnen en la calle, en los parques, en las plazas públicas, unidades deportivas y plazas; derechos expresados en los artículos primero, noveno y dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Incluso si nos preguntamos de quién depende que los policías cumplan con la ley, que observen un comportamiento que respete las garantías individuales, entonces tendremos que acudir a la ley orgánica del poder ejecutivo de los estados que rige las funciones de los burócratas que cobran con cargo al erario público, es decir que pagamos todos los mexicanos, nos daremos cuenta que la función de policía corresponde ejercerla al poder ejecutivo, y es específicamente la secretaria de gobierno del ejecutivo del estado, la directamente responsable de dicha función. Por tanto, es al secretario de gobierno y a su jefe directo, el gobernador, a quienes corresponde hacer cumplir la ley y que los policías respeten a todas personas, también a las policías de los municipios, es decir, que el responsable directo de que se cumpla la ley.

Así, la policía viola la constitución al detener a las personas para ser objeto de las llamadas revisiones de rutina, pues su papel no es más que preventivo y están obligados a actuar sólo contra quienes se encuentren en flagrancia, violando algún tipo de ley. Por supuesto que el reglamento de policía y buen gobierno, por demás ilegal en tanto violenta la normatividad instituida en la carta magna, ha sido el pretexto para violar las garantías sobre todo de trabajadores y trabajadoras que, debido al capitalismo salvaje que vivimos, han tenido que vender su fuerza de trabajo en la calle, y que por falta de recursos tienen que caminar por las calles a altas horas de la noche pues no les ajusta ni para los pasajes de transporte público, asimismo los jóvenes que cotidianamente son vejados por las policías con el pretexto de su apariencia y por ser quienes con mayor frecuencia ocupan los espacios públicos en parques, plazas y jardines.

Con todo, la cuestión es más complicada si consideramos que quienes ocupan los puestos de gobierno y que siendo servidores públicos se comportan como amos con horca y cuchillo; también habría que hacernos dos preguntas ¿acaso tienen una minita de oro en el dinero que sacan de las llamadas faltas administrativas que levantan por miles al mes? esto, sin contar lo que las personas desembolsan en el mismo momento en que son detenidas, obligadas para evitar pasar por el infierno de ser detenidos y encarcelados bajo cualquier pretexto, ¿y si los policías están obligados a cumplir con una cuota diaria de detenciones por órdenes de sus superiores, para así aparentar que existe un restablecimiento de la seguridad pública?.

8. El sistema político se recompone si avalamos sus instituciones

En este año que termina se configuró una situación de descomposición política con características propias de una crisis terminal del sistema de gobierno, sin llegar a significar que estamos en la víspera de la muerte del sistema político capitalista, pues son dos diferentes. Considerando esto, sería pertinente estar en alerta sobre lo que los capitalistas piensan hacer para mantenerse en el control del Estado, la manera de resolver su crisis y la renovación de su clase política en plena podredumbre.

Sabemos que proliferan por todo el país los síntomas de una descomposición política, social y cultural de los señores del poder: gobernadores, empresarios, cardenales y militares; muchos de los cuales han estado involucrados en crímenes y violaciones a trabajadoras sexuales, pederastia, acusaciones sobre prostitución y abuso de menores, despojo de territorios, represión a comunidades indígenas y ejidatarios, militarización de la vida social y los espacios públicos tanto en las zonas rurales como en las zonas metropolitanas, por mencionar sólo tres situaciones ejemplares.

También sabemos que la indignación ante estos acontecimientos crece y con ello el temor de la clase dominante ante eventuales protestas generalizadas, por lo que hace más fuertes el control social; es importante resaltar que no se trata de la indignación ante hechos fortuitos sino por la generalización de la violencia de los de arriba hacia los de abajo. Caer en cuenta de esto no significa que las iniciativas político organizativas de miles de colectivos y organizaciones sociales que resisten al capitalismo, como parte de su proceso de construcción de autonomías y emancipaciones, se deban subordinar a los espacios y los tiempos que marca la crisis política de la Sociedad del Poder.

La falta de respeto a la vida de las personas por parte de las elites, ha motivado que un sector de intelectuales crea que se vive en una especie de fascismo societal, sin embargo han olvidado que el comportamiento tanto de los liberales como de los conservadores siempre ha sido así, sólo que se exacerba en tiempos de crisis. Ciertamente son comportamientos parecidos a los que las clases dominantes tuvieron en las dictaduras militares y fascistas, pero también en épocas de colonización imperial.

Así se presenta la posición de intelectuales y militantes que advierten la fase terminal del sistema político capitalista, planteando la exigencia de promover iniciativas políticas centradas en la construcción de instituciones alternativas; asimismo, están los que advierten la desprotección ante la acción represiva de los burócratas gobernantes, de modo que invitan a tomar iniciativas defensivas, sin advertir la propia debilidad de la clase política y las consecuencias negativas que le traería una ofensiva contra los movimientos sociales y la personas que se atrevan a desafiarlos.

En ambas posiciones queda de lado lo que durante los últimos diez años se ha construido desde abajo y a la izquierda por los movimientos sociales; no se mira cómo, desde la cotidianidad y su localidad, colectivos y organizaciones han soportado las vejaciones y represiones de los de arriba y su clase política corrupta y perversa, es decir, cómo han resistido y enfrentado la guerra sucia, no de ahora sino de siempre.

Valorar las posibilidades de inhibir y desarticular la represión que acompaña el despojo de la burguesía capitalista y sus gobiernos panistas, priistas y perredistas, no significa hacer cuentas alegres sobre la capacidad de los de abajo que luchan y construyen su autonomía y su libertad. Pero de lo que en definitiva no se trata es de seguir pensando en responder con la misma lógica de los de arriba: usando sus propias organizaciones “no” gubernamentales, apostando a los recursos institucionales y legales, que los de arriba han creado para amortiguar la respuesta de los de abajo, para hogar, socavar sus esfuerzos por dar lugar a formas autónomas de sobrevivencia.

No debemos olvidar que cuando les falla la táctica del policía malo, utilizan al policía bueno, papel que han venido cumpliendo en concreto personas bienpensantes y “amigos” progresistas, que cada que pueden se ofrecen a mediar en los conflictos, desde comisiones de derechos humanos, procuradurías y comisiones especiales (siempre y cuando se les paguen los salarios y bonos correspondientes a su estatus de vida), seguir apostando a que ellos contendrán la represión es obviar la función que han cumplido, posponer en beneficio de los de arriba la justicia social, política e incluso histórica.

Me pregunto si alguien considera que sin la fuerza organizada de los de abajo se podrá hacer justicia a las víctimas de Acteal (la masacre que hace diez años cometieron los grupos paramilitares que creo el Gobierno de Ernesto Zedillo para detener al zapatismo indígena de Chiapas), si se hará justicia a las niñas y niños que son objeto de explotación y abuso sexual en fiestas de los pederastas con poder y dinero, si se castigará a los militares que han violado y matado a mujeres trabajadoras e indígenas en varias partes del país, si se castigará a quienes han amenazado de muerte al obispo Raúl Vera y saqueado sus archivos personales por denunciar hechos como estos.

En el fondo, considero que estas preguntas apuntan a cuestionarnos sobre la necesidad de coadyuvar a la construcción de la autonomía y la autoemancipación de las comunidades y pueblos, en amplias zonas rurales y urbanas de México, más allá de la ilusión de creer que, los siempre profesionales de las ONG, de las comisiones de derechos humanos y comisiones especiales de atención a delitos, son una alternativa que puede detener la represión y el terrorismo de Estado. Esto no significa que no haya trabajadores honestos en algunas ONG, ni que se deba dejar de denunciar públicamente y defender en lo jurídico a las víctimas de la represión y el abuso, sino la pertinencia de ya no subordinarse a dichas instituciones y la forma dominante de hacer política.

9. Conciencia y memoria para enfrentar el terrorismo de Estado política

La lucha contra la represión, la desaparición, la tortura y en general por el respeto a la libertad política y el derecho a rebelarse cuando un gobierno no responde a las necesidades del pueblo, ha obligado a formar frentes amplios ante la violencia ilegitima del Estado. Hoy muchas organizaciones por todo el país están sintiendo la necesidad de organizarse para resistir la violencia que cotidianamente viven.

La política de las organizaciones populares ante esta violencia, así como las formas de reaccionar y responder a situaciones represivas ha sido variada en las experiencias de los últimos cuarenta años, donde un elemento fundamental de dicho legado ha sido la construcción de una voluntad colectiva que permite resistir los estragos causados.

En Jalisco, los acontecimientos que abrieron coyunturas relevantes en este periodo iniciaron con la represión a los grupos y militantes guerrilleros entre 1970 y 1976, por ejemplo contra del Frente Estudiantil Revolucionario del que derivaron posteriormente la Liga Comunista 23 de Septiembre y el Frente Revolucionario Armado del Pueblo; represión que tuvo una modalidad de guerra sucia.

Otra Coyuntura relevante se inicio con la intervención militar a la huelga de los electricistas a finales de los años setentas y toda la secuela de acciones represivas (encarcelamiento, tortura, acoso, persecución, golpes, etc.) contra el movimiento sindical que se agrupo en torno de ellos con el Frente Local de Acción Popular, que articuló a varios sindicatos y corrientes sindicales (destacó la participación de la Corriente Democrática del Sindicato Único de Electricistas de la República Mexicana, de los Sindicato de Industrias Ocotlan, Celanese, Bontex, así como grupos de telefonistas y ferrocarrileros) así como colectivos y organizaciones políticas de izquierda.

Una tercer coyuntura relevante se gestó a principios de los años ochentas contra el movimiento sindical que por democracia y libertad gremial iniciarían los trabajadores de la educación, y que derivó en la constitución de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación-Jalisco y luego en el Frente contra la Represión, en Defensa del Salario, contra la Austeridad y la Carestía que agrupó no sólo a colectivos sindicales, también a organizaciones sociales populares de colonos, colectivos culturales y organizaciones políticas.

La guerra sucia tiene una continuidad en los acontecimientos y la coyuntura de mayo del 2004 en Guadalajara, donde el gobierno estatal de Jalisco utilizó prácticas que se corresponden con una política que han ido configurando tanto en el plano legal, a través del código penal, en la formación y entrenamiento de su fuerza policíaca en técnicas de contrainsurgencia, así como en el plano de los medios de comunicación y la generación de opinión pública y públicos de opinión favorables a la represión como política legítima.

La represión y la guerra sucia han dejado secuelas que se han convertido en traumas que pesan en la conciencia histórica y política de la sociedad o al menos de muchos grupos sociales y políticos. Los diferentes gobiernos priistas y panistas de Jalisco han sido no sólo ejemplares sino el semillero de donde surgieron formas y políticas represivas que se utilizaron a nivel nacional, específicamente con la extensión del tipo de grupos que usaron para reprimir: la Federación de Estudiantes de Guadalajara, la Brigada Blanca, y la corporaciones policíacas, entre las destacadas.

La represión política ha sido clave para posicionar los intereses de grupos de poder que se mueven de manera transversal entre los partidos. La clase política ha utilizado diferentes mecanismos que van desde la operación de grupos paramilitares, porros y provocadores, la cooptación a través del ofrecimiento de interlocución privilegiada con instancias del gobierno (por la mediación de alguna organización no gubernamental o directamente), la infiltración en las organizaciones sociales que han optado por la resistencia, el ofrecimiento de dinero a través de programas de asistencia social; la operación directa de tareas de inteligencia y contrainteligencia, el uso inhibitorio de la policía y la represión violenta; la operación de funciones de marketing político y la utilización de los medios de comunicación masiva con objetivos de propaganda política; todo en función de los intereses de dichos grupos de poder político y económico.

Con este recuento sobre los acontecimientos represivos es posible afirmar que es necesario hacer conciencia de cómo impactaron en activistas y organizaciones sociales, con todas sus implicaciones, debido a que también significa una memoria traumática. Esto, considerando que, en situaciones extremas de represión, prevalece la tendencia, como mecanismo de defensa, a olvidar, por la dificultad de asimilar la violencia, incluso ante acontecimientos que no necesariamente se vivieron en carne propia ya que se consideran herederos de las causas por las que otros fueron objeto de dicha represión compañeros, conocidos o amigos.

No debemos olvidar que el terrorismo de Estado actúa en “silencio” y pretende dejar sin capacidad de protesta a la población, por eso no se trata de pensar solamente desde el punto de vista político y económico, pues el objetivo de la guerra de baja intensidad en épocas de democracia es atacar la conciencia mediante la propaganda y lo imaginario subjetivo, para generar expectativas falsas en el sentido de que nada se puede cambiar, o que lo que hay es lo mejor que puede haber, para lo cual aplica la tortura, la muerte y la desaparición a cualquier persona con cualquier pretexto.

La ONU ha manifestado que México tiene el lugar número diez entre los países que actualmente aplican la tortura. Esto nos lleva a llamar la atención sobre la necesidad de no caer en complicidad con la guerra sucia y la guerra de baja intensidad, ya sea por inconciencia política, por identificación con el agresor o por simple cobardía civil.

10. En tiempos de guerra pensar el futuro desde la acción de los sujetos

La posibilidad de pensar el futuro implica la disposición de reconocer que éste es indeterminado, que depende de la acción de los sujetos que constituimos el espacio y el tiempo de la vida cotidiana; así es como se puede pensar el largo y el corto tiempo de los procesos sociales y políticos donde se va concretizando dicho futuro.

Este modo de vislumbrar el futuro es pensar desde la importancia y urgencia de los problemas que enfrentamos como sociedad, entre los que se encuentran la liberación de los presos zapatistas, los campesinos de Atenco, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca que los capitalistas y su clase política tienen en las cárceles por luchar por una vida digna, por tratar de impedir el despojo, la explotación y la opresión de los mexicanos; recuperar el país haciendo que se respeten los derechos de todos.

Pensar el futuro no tiene que ver con disquisiciones académicas del llamado largo y corto tiempo acerca de cómo podría todo ser mejor si siguiéramos sus señalamientos, mucho menos si ello se desliga de lo cotidiano y lo comunitario que viven pueblos y barrios. El tiempo, sea largo o corto, es el despliegue de los sujetos que construyen la historia, la cual se hace desde la cotidianidad.

Pensar desde la pluralidad de sujetos que somos y no desde la racionalidad de la teoría, que juristas, teólogos y científicos suelen recetarnos cuando hacen festín de discursos. Ahora bien, eso no significa el desprecio por quienes viven de elaborar un tipo de saber como la ciencia ni a filosofar desde sus centros de trabajo universitarios. Se trata de otra cosa, a saber, de no hacer discursos donde se desaparece a los sujetos que hacen la historia y la realidad con su hacer cotidiano; pero curiosamente esos discursos están saturados de los sujetos del poder y el capital.

Pensar el futuro es dejar de hacer el capitalismo, porque no es otra cosa que la guerra total contra la humanidad. Dejar de hacerlo no significa actuar como si esto fuera posible dejando de consumir sus productos, como si éstos no fueran creación humana. Pero si es dejar de hacer y reproducir las relaciones sociales de dominación, es ser autónomos desde la esfera de la producción y dar lugar a otras formas de hacer cuyos productos sean de acuerdo con las necesidades, los deseos y las fantasías, pero para todos.

El problema es que en el contexto de un orden político capitalista esto solo es posible para quienes se adscriben a las condiciones de subordinación, en lo social, en lo político, en lo ético, y primero que todo en lo económico, necesarias para su reproducción. Y esta subordinación pasa en los sujetos como creencias del tipo de que en nombre de la sobrevivencia se puede matar (porque hay distintas formas de hacerlo), de que en la base de la organización de las personas está como principio la concepción del otro como enemigo político, de que la autonomía solo es posible en lo moral pero no en lo político, por tanto, la emancipación pasa por la exclusión de los otros.

Pero es en la construcción de autonomías y el fortalecimiento de las que ya existen, la forma de hacer política que constituye el lugar del por-venir de un mundo diferente al capitalista, se trata de hacer del espacio territorial, una construcción social a partir del ejercicio de la autonomía y la dignidad. La articulación de las resistencias constituye la construcción de lo colectivo desde la localidad y la cotidianidad de la lucha de quienes la realizan

Pero como parte constituyente de esta dialéctica de rebeldía se confronta además la propia contradicción y antagonismo del sujeto que, individual y colectivamente, sigue siendo producto de la cultura capitalista pues no es un sujeto nuevo aún, sino que sólo empieza a negar la negación de que ha sido objeto durante cientos de años de explotación, despojo y racismo.

Con todo, ser parte de una sociedad y una cultura que tiene a la dominación como cualidad principal de las relaciones en todos sus espacios y entre todos los que la constituimos, y que nos condiciona a partir de la producción social de inconsciencia que resulta de todo aquello que fue reprimido, favorece la personalidad autoritaria en dos de sus representaciones, como sujeto dominante y como subordinado.

Es indispensable cuestionarnos por qué en la dialéctica de la relación de dominio-resistencia sigue prevaleciendo la dominación por sobre la rebeldía en todos los ámbitos de la realidad del sujeto, preguntarse cómo vivir una ruptura con la propia inconsciencia cultural, histórica y psíquica. Dicho de otro modo, cómo generar una situación de autocrítica en la que se viabilice la capacidad de descarga emocional en principio, decir ya basta, ya no más, y luego admitir la presencia de aspectos de la subjetividad comunes en todas las personas, tales como el miedo, la culpa, la rivalidad, la búsqueda de prestigio, el protagonismo, que constituyen una carga de afecto que llega a bloquear los sentidos cuando es intensa.

La historia de las personas-individuos que conforman sujetos colectivos en resistencia, es condicionante en tanto las experiencias pasadas son constituyentes de la forma de hacer, incluyendo las vivencias afectivas y emocionales; y hacer conciencia de ello es indispensable para las formas embrionarias de hacer política de nuevo tipo que es donde está la posibilidad de transformar el contexto sociocultural y autotransformarse, esto es, la experiencia de cómo la realidad psíquica y la realidad socio-histórica del sujeto es tal a partir de lo que éste es y como hace.

Por ello es que la posibilidad de dejar de reproducir las formas de hacer política dominantes, tienen que ver con una forma de hacer política que, a partir de la resistencia a la dominación, pueda llegar a generar formas de autonomía, autoemancipación de las personas y autogobierno de los colectivos sociales, que prescindan de relaciones de subordinación y dependencia. Porque precisamente, la política de represión y contención del Estado está dirigida a inhibir los procesos de construcción de autonomía y a golpear de manera brutal a quienes se insubordinan con objeto de presentar, ejemplarmente, una amenaza para quienes se atrevan a dejar de subordinarse.

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