Marcelo Sandoval Vargas
Rocío Salcido Serrano
Rafael Sandoval Álvarez
Diciembre del 2007
7. Despojo y terrorismo como política de Estado
Desde el primer año de gobierno de Felipe Calderón resultó evidente la continuidad en las acciones que configuran la política de terrorismo de Estado que venían aplicándose desde el sexenio de Salinas de Gortari, que por cierto, ha sido operada por la clase política desde los distintos niveles del sistema político. Ejemplos de ello son los cambios en los códigos penales avalados por todos los partidos políticos, la represión a todo forma de disidencia política que practicaron gobernadores y presidentes municipales; la exculpación, por parte de magistrados y jueces, de gobernantes, funcionarios públicos y empresarios que cometen todo tipo de crímenes, la actuación de los militares en la guerra de contrainsurgencia contra los pueblos y comunidades indígenas. Estas son sólo algunas referencias de lo que un gobierno autoritario y represivo es capaz de realizar, además de ser el operado de una nueva estrategia de colonización y explotación de territorios y comunidades, en pleno siglo XXI.
Por otro lado, el terrorismo de Estado, aunado a la insatisfacción popular ante la cerrazón de la clase política y los dueños del dinero, aparte de la miseria de millones de mexicanos, hace recordar el ambiente que prevalecía en los primeros años de los siglo XIX y XX, todas ellas situaciones que provocaron revoluciones. De igual forma se activa la memoria sobre cómo hemos padecido el terrorismo como estrategia para garantizar el despojo y la explotación que los sujetos del poder han impuesto desde entonces.
En el año del 2007 la política de despojo, represión, desprecio y explotación se ha consolidado. Ante el aumento de resistencias que han dicho ¡Ya Basta!, los grupos de poder político y económico, incluyendo sus socios en el hampa organizada, están optando por fragmentar y dividir-se el territorio nacional diseñando un sistema de control estatal por regiones y zonas metropolitanas que, en las próximas elecciones, se podrá observar como una reconfiguración de tales grupos en la delimitación de sus territorios de influencia.
Parte de esa estrategia es el uso de la fuerza, a la que el Estado ha recurrido, para despojar a los pueblos de sus territorios, del agua, los bosques y la biodiversidad, con la falacia del ‘progreso’ en su fase ecoturística; siendo el control militar y policiaco, operado como política de tolerancia cero (expresión de la Guerra de Baja Intensidad), que consideran les dará como resultado continuar acumulando capital y mantenerse en el poder estatal.
En este contexto, la guerra y la violencia son una forma de hacer política que se puede generalizar ante la desesperanza provocada por tanta represión y terrorismo del Estado. Precisamente por ello, resulta importante señalar que cuando se opta por una política donde el fin justifica los medios, se cae en el dominio y la lógica de las relaciones sociales capitalistas que siempre son de dominación, ya que significa recurrir a la misma forma de hacer política: la violencia y las armas contra los otros; esto no significa que la opción de la autodefensa a la que recurren pueblos y comunidades sea ilegítima.
Con todo, consideramos que el gobierno federal asume esa política terrorista porque le teme a otras formas de hacer política, particularmente aquellas que no sean violentas ni armadas y que surgen de la organización autónoma y los procesos de emancipación generados en miles de espacios que están fuera de su alcance, pues su tiempo y calendario es otro, no el de lo político en sí mismo, sino el de la reproducción de la vida.
Así es como podemos explicarnos que la política de guerra de baja intensidad tenga una mayor fuerza en territorios indígenas, especialmente en los zapatistas (por eso, el potencial de La Otra Campaña que el EZLN venía realizando por todo el país, se obstruye y desarticula). Una muestra de esto la presentaron un conjunto de organizaciones y personas adherentes a la iniciativa de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, pertenecientes a diversas regiones del país, pues fueron testigos de lo que está sucediendo en Chiapas. Como resultado de esta investigación y documentación señalan que:
1. En distintos municipios autónomos del territorio indígena chiapaneco las comunidades Bases de Apoyo Zapatistas se están enfrentando a una estrategia coordinada de despojo de tierras y hostigamiento, donde participan instancias de los tres niveles de gobierno y, en ocasiones, vinculadas con grupos paramilitares. En los casos documentados la estrategia sigue un patrón que combina invasión de tierras, amenazas de muerte, hostigamientos y agresiones físicas, sicológicas, así como destrucción de propiedad y recursos naturales, además del despojo jurídico de tierras donde las organizaciones invasoras actúan conjuntamente con instituciones judiciales y agrarias locales y federales.
2. Los gobiernos federal, estatal y municipal, a través de las instituciones agrarias y en relación con el Ejército Federal y la Seguridad Pública, operan una estrategia de contrainsurgencia dirigida tanto a las Bases de Apoyo Zapatistas como a sus autoridades autónomas, otorgando títulos agrarios a organizaciones indígenas, particularmente adversas a los zapatistas y en diversos casos armadas, estas organizaciones ocupan tierras recuperadas por el EZLN en 1994, pero el despojo se concreta jurídicamente constituyendo nuevos ejidos. Entre estas organizaciones se encuentran la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) o la Unión Regional Campesino Indígena (URCI), o bien, involucrando a organizaciones con frágiles relaciones con los pueblos autónomos zapatistas como la Asociación ARIC-Unión de Uniones (Histórica), la ORCAO, la Unión de Ejidos de la Selva y la OPAZ.
3. Debido a la constante presión de unidades militares, policías estatales y grupos paramilitares, la situación de los pueblos zapatistas se agrava alarmantemente, perturbando el desarrollo de los proyectos autónomos. Los más afectados son los niños y las niñas, las mujeres y los ancianos, pues viven agresiones constantes en su integridad física, en sus bienes, en su tierra y territorio.
Continuar leyendo ‘El despojo y la represión como escenario para la lucha anticapitalista (coyuntura política del 2007, segunda parte)’